Patas Arriba
La aparición en febrero de este año del informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, ha puesto de manifiesto la vulneración constante de derechos fundamentales de los niños y niñas que se encuentran internados en estos centros. Uno de estos limbos jurídicos investigados por el Defensor del Pueblo se encuentra en Berzosa del Lozoya.
El centro de menores de La Berzosa, en Berzosa de Lozoya, se abrió en el año 2003 con dieciséis plazas para chicas y chicos menores de dieciocho años. Está gestionado por CITAP una entidad que supuestamente no tiene ánimo de lucro, a pesar de embolsarse cada día casi 160 euros por niño. Es uno de los seis centros de este tipo existentes en la Comunidad de Madrid y posee un centro escolar propio además de conciertos con centros privados y alumnos matriculados en colegios e institutos públicos.
Su ubicación en Berzosa se ha visto apoyada desde el principio por el Ayuntamiento, que ha cedido o alquilado instalaciones, llegando incluso a desalojar a sus antiguos inquilinos para que las pudiera utilizar CITAP.
Desde su apertura, la residencia se ha visto envuelta en la polémica, tanto en el Colegio e Instituto de La Cabrera, dónde estudian los internos, como en el propio municipio donde los vecinos y vecinas se quejan del trato que se dispensa a los menores.
Violencia y privación de derechos fundamentales
Las personas internas en La Berzosa –como en otros centros similares–, todas menores de edad, no han sido juzgadas por ningún delito, ni se encuentran encausadas bajo el marco de las leyes de menores. Simplemente, sus padres y madres no han podido hacerse cargo de ellos y su situación de riesgo social hace que la Comunidad de Madrid asuma su tutela. En algunas ocasiones presentan comportamientos de violencia, conductas difíciles o trastornos en su personalidad, en la mayoría de los casos, incrementadas por las circunstancias en las que han transcurrido sus vidas, situaciones familiares difíciles, en las que las personas adultas responsables de su cuidado no han aportado, precisamente, estabilidad emocional.
En centros como éste, lejos de encontrar esa estabilidad, son tratados con medicaciones abusivas, situaciones de violencia, maltrato psicológico y privaciones de libertad y derechos. El centro del que hablamos cuenta, por ejemplo, con lo que se denomina una “sala de contención”.
En Casa Joven (Guadalajara), la sala es siniestra, de reducido tamaño y no tiene ventana, estando las paredes recubiertas de una goma negra que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable. Tiene, a fin de insonorizarla, dos puertas de seguridad, con sendos ventanucos para poder controlar al menor. Además, este centro dispone de otra “sala de tiempo fuera” para aplicar la sanción de separación de grupo, donde el menor puede realizar las actividades programadas en la misma. El suelo y las paredes están revestidos de goma azul. (Informe, pág.296)
Alguien que fue interno en la residencia La Berzosa, y cuya identidad ha preferido mantener oculta, nos cuenta que las contenciones son habituales: “Te meten en un cuarto. En la sala de contenciones están el chaval y el educador. No es sólo que se te contenga duramente retorciendo el brazo. En algún caso se ha llegado a las manos. Insultas, el otro te ataca a golpes. Se pegan mutuamente. Cuando estaba allí yo no tenía la fuerza de un tío de metro ochenta y ciento veinte kilos de peso”. En algunos casos, cuando la situación ha sido especialmente grave, parece, según informan trabajadores del centro, que incluso algunos educadores han sido expedientados o despedidos.
También se utilizan otro tipo de medidas, basadas en la presión, la retención y la privación de derechos que los chavales conocen como “el mayordomo ingles”: al menor se le deja incomunicado, cena y come lejos de sus compañeros, no tiene derechos como ver la televisión o socializarse, imponiendo algunas veces tareas que corresponden al personal de limpieza o mantenimiento.
La Oficina del Defensor del Pueblo denuncia en su informe la excesiva frecuencia con que se recurre en estos centros a la contención física, su excesiva violencia en algunos casos y, sobre todo, que sistemáticamente se recurra a ella –lo mismo que a las salas de aislamiento– no como una forma de controlar situaciones extremas, sino como un castigo o una forma de intimidación. Un trabajador de LA Berzosa llegó a comentar durante una entrevista que tenían la consigna de no dejar marcas.
Pero además, dentro de los centros se presentan como normales la ausencia de intimidad en las llamadas telefónicas o la medicación abusiva con el fin de tranquilizar a los chavales. Estas prácticas vulneran claramente las leyes de autonomía del paciente, que permiten a una persona mayor de dieciséis años conocer la medicación que consume o negarse a aceptar un tratamiento si lo considera oportuno.
Según consta en el informe del Defensor del pueblo, se realizan registros personales y de las habitaciones, con el conocimiento de la dirección y la elaboración de informes.
El producto que se consigue con la aplicación de todas estas medidas suele ser la frustración y la rabia, valores muy alejados de los que se pretenden conseguir con el supuesto proyecto educativo. Proyecto que, en muchos casos, es supervisado y llevado a cabo por personas sin la titulación necesaria que parecen ser contratados, en numerosas ocasiones, más por sus aptitudes físicas que por la formación y la experiencia acreditada.
Dejación de responsabilidades
A las malas prácticas educativas, hay que añadir una clara omisión de responsabilidad en su papel de tutor por parte de la administración autonómica. Un ejemplo de ello son las diferentes reuniones mantenidas por las comunidades educativas y profesores con las inspecciones de educación y servicios sociales (Instituto Madrileño del Menor y la Familia), que lejos de aportar soluciones, pasan la pelota de un tejado a otro.
Los internos e internas del centro no tienen tampoco protección jurídica ni inspecciones de la fiscalía o la propia administración regional, por lo que su integridad y sus derechos pueden ser violados con total impunidad. Esta indefensión, recogida en el informe del Defensor del pueblo, se hace patente cuando habla de las entrevistas realizadas en el centro de Berzosa: “La mayoría de los niños no se encontraban en el centro en el momento de la visita por lo que no pudimos hablar con ellos. Sus quejas giran en torno a la excesiva rigidez de los tiempos pautados y de las contenciones realizadas con demasiada virulencia”.
Un buen negocio atendido por personas sin formación
Cada plaza en el centro cuesta a la administración encargada de velar por el bienestar de estos niños la friolera de 159,06 euros diarios, 58.059 euros al año. Si multiplicamos esta cantidad por las dieciséis plazas de que dispone el centro de Berzosa, podremos fácilmente saber la cantidad aproximada de dinero que ingresa cada año esta entidad sin ánimos de lucro: casi un millón de euros.
Como queda patente en el informe del Defensor del Pueblo, la mayor parte de los niños que acaban ingresados en estas instituciones provienen de familias que experimentan graves carencias y problemas económicos. Cualquier persona que tenga hijos e hijas o criaturas a su cargo sabrá lo que sería capaz de hacer por su cuidado si recibiera más de 4.600 euros al mes de ayuda por parte de la Comunidad de Madrid.
A pesar de los ingresos que genera este “negocio”, la ratio de educadores del centro La Berzosa se encuentra entre los cuatro más bajos de todo el estado y los trabajadores manifiestan la imposibilidad de organizarse a nivel sindical, bajo un inminente despido.
Pero además, la formación de los propios educadores está muy lejos de ser la apropiada. Muchos de ellos carecen de la titulación de módulo superior o diplomatura universitaria exigidos, lo que genera una situación irregular. Especialmente grave resulta la aplicación de las ya mencionadas “contenciones” que han de ser autorizadas y supervisadas por el psiquiatra y el director del recurso correspondiente y de acuerdo a un protocolo que garantice que se respeten los derechos del menor. Pues bien, en La Berzosa, estas contenciones, han llegado a ser realizadas por personal contratado como “de mantenimiento”, según manifiestan alguno de los internos y ex trabajadores.
Los trabajadores del centro, tampoco reciben los cursos de formación continuada y reciclaje que exige la legislación.
A pesar de la publicidad que el centro hace de sus terapias, éstas sin embargo, no parecen ser tan apreciadas por los propios usuarios. Así, desde la dirección del centro recalcan el desarrollo de actividades de hipoterapia o equinoterapia, de la que un entrevistado tiene otro concepto: “En nosotros no se invierte, ni intentan que estudiemos, quieren llevarte a los centros de garantía social. Tienen una escuelita montada con un solo profesor para no sé cuantos y no se da buena formación. En teoría se hace una terapia con los caballos, se hizo hasta un reportaje para Telemadrid. Es como que estamos fatal de la cabeza y el caballo nos ayuda a que estemos mejor, pero al final es un negocio”.
Con la mayoría de edad se quedan en la calle
Sin duda, una de las señales del estrepitoso fracaso de este tipo de centros es el abandono que sufren los jóvenes en cuanto cumplen la mayoría de edad y son dados de alta. Es decir, se quedan en la calle, sin vivienda, sin trabajo ni formación adecuada para encontrarlo y sin ningún tipo de seguimiento formal, ni por parte del centro ni por ninguna otra institución social. Según apunta el informe, dada la escasez de recursos existentes para los jóvenes que cumplen los dieciocho años, habitualmente “pasan de un entorno con una estructura muy reglada a vivir libremente, quedando en cierto modo desamparados.”
No existen recursos para continuar con la intervención y los servicios sociales y de salud no aportan alternativas. Esta situación se agrava cuando el joven padece alguna dificultad psicológica.
Ante esta situación, los chavales han de sobrevivir con la ayuda económica o de residencia de asociaciones benéficas, o con alguno de los ingresos mínimos de los servicios sociales (menos de quinientos euros al mes), cuya obtención, por otra parte, roza el imposible burocrático. O, como se ha dado algún caso, volver con sus padres con los que se suponía no podían vivir.
Malas relaciones con los centros educativos
El centro de La Berzosa ha provocado conflictos y tensiones entre la comunidad educativa de La Cabrera, localidad donde se encuentran los centros a los que acuden mayoritariamente los internos, así como entre las asociaciones de padres y madres.
El profesorado no recibe información sobre los chavales, ni formación específica, encontrándose a veces con problemas para la integración en las aulas. Además, si la ratio aconsejada para estos casos es de un alumno por centro, en el Colegio y en el Instituto de La Cabrera nos encontramos frecuentemente con uno o incluso dos chavales por aula. Los profesores y los padres se quejan de la falta de información, de la escasa formación que reciben y de la necesidad de aumentar el número de docentes en casos como éste.
La confusión ha alcanzado hasta la ruta escolar, llegándose a detener en ocasiones el autobús a causa de situaciones de agresividad y provocando el rechazo de algunos padres hacia los chavales del centro de menores. Éste no ha aportado educadores para las rutas, ni demasiada información. Ante las presiones recibidas, miembros de la directiva de la residencia se han integrado en las asociaciones de padres y madres. Sin embargo, los padres y madres afirman que la actitud de los mismos, más que explicar y aportar soluciones es de control y manipulación de las reuniones.
Al mismo tiempo tanto el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) como los profesores del Colegio manifiestan la periódica ausencia prolongada de los niños a las clases, coincidiendo de nuevo con otro de los aspectos que denuncia el informe del Defensor del Pueblo que en sus recomendaciones afirma que no debería castigarse a los menores a no asistir al colegio, dado que la educación es un derecho fundamental. Por no decir que la falta de escolarización es una de las razones por las que en muchos casos se inician expedientes de tutela que son los que llevan a estos niños a centro de la Comunidad de Madrid.
Desconocimiento de los vecinos y connivencia con el Ayuntamiento
La apertura del centro en el municipio de Berzosa del Lozoya se realizó con falta de información para los vecinos y vecinas y con un comportamiento cuanto menos favoritista por parte de su alcalde. En los primeros informes del Ayuntamiento, el centro era supuestamente de ocho plazas y exclusivamente para niños pequeños, después de doce plazas para menores de todas las edades. Sin embargo, finalmente, son dieciséis las plazas que oferta, de todas las edades hasta la mayoría de edad.
Para la ampliación del centro, se expulsó de sus viviendas y talleres –ambos de propiedad municipal– a dos vecinos, a uno de los cuales se le rescindió el contrato, mientras que a otro, con una práctica menos común, llegó a abrírsele un expediente de ruina en la casa que ocupaba para pasar a ser luego la denominada “casa de autonomía del centro”.
Ya en el año 2004, los vecinos dirigían una carta al alcalde reprochándole la falta de información y no haberles consultado. En esa carta se analizaban las características del centro al que consideraban “un aparcadero de niños con problemas” y se argumentaba la dificultad de integración de chavales de esas características en un lugar con poco dinamismo y muy baja población.
Cómo y por qué se ha hecho este reportaje
Las autoras y autores del reportaje pertenecen a la asociación Patas Arriba, el Mundo al Revés (a.patasarriba@gmail.com) que nació en la Sierra Norte para apoyar, afectiva y económicamente, a personas en situación de riesgo o en exclusión y que han sido abandonadas por las instituciones.
La publicación del informe de la Oficina del Defensor del Pueblo y la constatación de que uno de los centros investigados se encontraba en la Sierra Norte, hizo que surgieran las conversaciones y entrevistas con personas que trabajan en el Centro La Berzosa, con el profesorado del Instituto y Colegio de La Cabrera y miembros de las asociaciones de padres y madres de ambos centros. También se han mantenido entrevistas y conversaciones con vecinos y concejales del municipio, así como con internos del propio centro. Todas las personas entrevistadas han preferido mantener en secreto sus identidades.
Han sido también fundamentales los datos aportados por el informe realizado por la Oficina del Defensor del pueblo, cuya lectura íntegra se recomienda encarecidamente. Puede encontrarse completo en http://zarzoabierto.net/IMG/informe_menores_09.pdf.
El objetivo fundamental de este trabajo es visibilizar y generar debate ante la vulneración continua de los derechos de menores en riesgo por parte de la administración y los centros que deberían propiciar su bienestar y protección.
También se pretende denunciar la desviación de recursos para el enriquecimiento de personas y empresas privadas en vez de destinarlos a garantizar el futuro, la educación y la estabilidad de los menores con necesidad de amparo.
Y por último, deseamos poner nuestro grano de arena en la recuperación de la dignidad de las personas que han vivido o viven en esta situación, siendo víctimas continuadas de violencia física y psíquica, de la violación de sus derechos fundamentales como personas, como niños y niñas.
Por eso acabamos con una de las frases pronunciadas por un menor y que recoge el mencionado informe. Ha de estremecernos y hacernos reflexionar.:
“Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo. Cuánto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien.”
