El 'eje del mal' del software libre
Jueves, 25 de Febrero de 2010 15:07
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Tomado del diario Público
La industria de EEUU pide a su Gobierno que vigile a seis países por promover programas de código abierto
MIGUEL ÁNGEL CRIADO - Madrid - 24/02/2010 13:15
Unas 4.000 escuelas del estado de Kerala (India) usarán ordenadores con software libre. - IT@School
A la industria cultural de EEUU no le gusta el software libre. La misma Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) que ha incluido a España entre los países piratas, también pide a su Gobierno que vigile a varios países por promover el uso de software libre. Los acusados podrán ser escuchados la semana que viene por la Oficina del Representantepara el Comercio de EEUU, el organismo federal que elabora la temida "Lista 301 ".
Dos potencias emergentes, como India y Brasil aparecen en el informe que ha elaborado la IIPA para el Gobierno de EEUU. El lobby cultural (que incluye a la Business Software Alliance, BSA) les acusa de promover el uso del software libre en sus administraciones públicas.
Cuatro países del sudeste asiático (desde la musulmana Indonesia a la cristiana Filipinas, pasando por la capitalista Tailandia y el comunista Vietnam) también están en la lista.
En el caso de Brasil, que lleva años impulsando su industria informática, la IIPA solicita a su Gobierno que use su influencia para "evitar las leyes sobre el uso obligatorio de software de código abierto por parte de las agencias gubernamentales y las empresas públicas".
Con India, la industria pide actuar antes de que ocurra una desgracia. Aunque no hay ningún tipo de legislación para promover programas basados en GNU/Linux, tanto la IIPA como la BSA se muestran preocupadas por que el Gobierno indio estaría considerando apostar por el software local y libre.
Sin embargo, con quien más se ceba el informe es con los gobiernos del sudeste asiático, en especial con Tailandia . En diciembre pasado, el primer ministro de ese país ordenó a su ministro de Tecnología que diseñara un plan para promover el software libre. Menciona el informe un plan para la compra de 1,4 millones de portátiles para las escuelas que, para ahorrar costes, deberán llevar GNU/Linux.
Vietnam e Indonesia llevan años sustituyendo copias pirata de software privativo por programas libres. Lo justifican como una medida realista para reducir la pirateria informática y, así, evitarse la presión de EEUU o posibles sanciones. Para la IIPA, lo que deben hacer es campañas educativas o una efectiva persecución de las infracciones.
En cuanto a Filipinas, el informe denuncia que el Gobierno estudia una ley para favorecer al software libre en la administración pública. Según la IIPA, "la aprobación de esta ley podría cuestionar la libertad de uso del software y, en última instancia, podría hundir a la industria informática filipina".
http://www.publico.es/ciencias/297622/eje/mal/software/libre
Última actualización el Jueves, 25 de Febrero de 2010 15:23
El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista
Sábado, 20 de Febrero de 2010 19:57
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Comunicado de la CNT
El Gobierno de Zapatero se ha quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios para poder acceder a una Pensión y aplicar un nuevo sistema de computo de tal manera que los nuevos pasionistas cobren pensiones más raquíticas aún que las actuales. Además restringe enormemente el derecho a las pensiones de incapacidad y viudedad.
 Es absolutamente falso que el sistema público de pensiones esté en peligro. Nunca estuvo tan saneado como ahora. El pasado año la seguridad social ha tenido un superávit de más de 8.000 millones de euros. La reiterada cantinela de que cada vez hay más jubilados, que viven más años y que esto es insostenible, lo llevan repitiendo desde hace más de 30 años. Estas previsiones catastrofistas realizadas por entidades y economistas pagados por los Bancos y las Aseguradoras tienen un único objetivo: debilitar progresivamente el Sistema Público de Pensiones para que los Fondos de Pensiones Privados acaben siendo, en la práctica, una opción obligatoria para quien quiera sobrevivir con un mínimo de dignidad durante su vejez.
Ante los argumentos empleados por el Gobierno y los Poderes Financieros que le apoyan en esta intensa campaña mediática para justificar este durísimo recorte de las Pensiones hay que decir que las proyecciones demográficas empleadas no tienen la más mínima fiabilidad, como lo demuestran los sonoros errores de las predicciones demográficas de las últimas décadas, también cuando manifiestan que en el 2060 el gasto en pensiones habrá pasado del 8,4% del PIB actual al 15,1%. Hay que aclarar que ese porcentaje que se anuncia como insostenible para nuestro país en el año 2060 es similar al que mantienen actualmente algunos países europeos sin ningún problema. Hay también que recordar que hace 50 años nuestro país gastaba en pensiones un 3% del PIB y que, tras haberse casi tripliclado el gasto y aumentado singificativamente la esperanza de vida de los jubilados, el sistema no sólo no ha quebrado sino que está en mejores condiciones que nunca. Y todo esto sucede porque la productividad y el crecimiento económico avanzan a mayor ritmo que el aumento del número de jubilados. Así, según las propias previsiones sobre crecimiento económico del Banco de España, el PIB para el año 2060 se habrá multiplicado por 3, crecimiento que garantizaría sobradamente la solvencia financiera para acometer el gasto en Pensiones. Pero el futuro del sistema público de Pensiones no debe basarse en un permanente e incierto crecimiento económico sino en la financiación directa por parte del Estado de las Pensiones, pues, hay que señalar que España es de los pocos países de la Unión Europea en los que las Pensiones se sufragan exclusivamente con las cotizaciones sociales, siendo lo normal que se costeen con los ingresos normales del Estado. Es decir, en el supuesto de que en algún momento las cotizaciones sociales no bastasen para sostener las pensiones no tendría por qué suponer ningún problema, de la misma manera que el Estado gasta ingentes recursos económicos en mantener estructuras parasitarias como el Ejército o la Iglesia que son económicamente insostenibles. El Estado debe garantizar unas pensiones dignas a todos los trabajadores.
España es, junto con Grecia y Portugal, el país de la Unión Europea con las pensiones más bajas: casi el 60% de los pensionistas cobran una prestación inferior al SMI.
Es cierto que hace falta una Reforma del Sistema de Pensiones, pero justo en el sentido contrario al que propone el Gobierno: una Reforma para reducir la Jubilación a los 60 años, aumentar de manera significativa las cuantías de las Pensiones, reducir el número de años necesarios para acceder a la jubilación, etc. y financiar estos cambios con un aumento de la presión fiscal sobre las rentas de capital de manera que se compense el enorme trasvase (un 13% del PIB) que en los últimos 30 años se ha producido desde las rentas del trabajo a las rentas del capital.
Ante este gravísimo atentado contra los derechos de los trabajadores que pretende realizar el Gobierno no podemos permanecer impasibles. Ahora más que nunca se hace necesario salir a la calle sin más dilación a mostrar que no estamos dispuestos a permitírselo. El estado español es en materia laboral uno de los que más “flexibilidad” (más modalidades y posibilidades de contratación eventual) concede a las empresas en Europa. Evidentemente, dicha flexibilidad tiene unas repercusiones directas en el empleo, pero también en el sistema productivo, que se ve resentido en la productividad: disminuye la calidad y por tanto la competitividad. Además, produce como efecto “secundario” un mayor número de accidentes laborales: que España encabece las cifras de accidentes mortales y graves en Europa no es casualidad. Las continuas reformas laborales que hemos padecido han agravado la temporalidad, de manera que el 95% de los contratos realizados son temporales; nos encontramos así a trabajadoras contratadas a través de las empresas de trabajo temporal (ETT’s) durante periodos que superan los dos años, y en muchas ocasiones no llegan a cotizar en los periodos de descanso como fines de semana, vacaciones, días festivos, etc. La clase trabajadora ha sufrido tras estas reformas una merma de derechos tan profunda que será difícil recuperar una mínima capacidad de respuesta ante tanto abuso de la patronal. A todo esto hay que sumarle que las ETT’s puedan convertirse en asociaciones con ánimo de lucro y comiencen a establecer cánones a sus usuarias, como ya está ocurriendo en algunas empresas vía on line.
Por si fuera poco, la remuneración media del estado español ha bajado con respecto a la europea en un 34%. En los sectores mayoritarios como la hostelería, desciende hasta los 15.164 €, mientras que en Europa es de 21.461 €. Los datos son contundentes, y demuestran cómo la patronal y la clase corrupta de la política se enriquecían desmesuradamente, mientras las trabajadoras poco a poco recorrían la senda de la insuficiencia. Pero si las diferencias salariales con respecto a Europa son enormes, también lo son en el interior: en el sector de la banca, por ejemplo, la remuneración es de 40.012 €, que es un 164% superior al de actividades con menores retribuciones.
También podemos presumir de vivir en el estado con menores presupuestos sociales de la Unión Europea (UE). Si en Europa el gasto público representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB), aquí no llega al 40%. La merma en las prestaciones sociales ha llegado a niveles tan escandalosos que el Estado ha tenido que invertir tímidamente 640 millones de euros como parche para los parados que agotaban y continúan agotando las prestaciones de desempleo. Esta cantidad resulta ridícula si tenemos en cuenta a los millones de trabajadores desempleados y si la comparamos con los 99.000 millones otorgados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La ayuda prestada a la Caja Castilla La Mancha, por ejemplo, es de 750 millones, y la indemnización por despido para quienes realizaron la pésima gestión fue de 20 millones de euros.
La posibilidad de “flexibilizar” nuevamente los despidos se cierne sobre la clase obrera, de forma directa o indirecta. Como ya es sabido, la patronal desea convertir sin coste alguno contratos indefinidos en contratos a media jornada, rebajando no sólo las horas, sino también los salarios y las prestaciones sociales. ¿Qué impedirá el despido de esas trabajadoras con indemnizaciones irrisorias? Esta situación puede generalizarse de tal manera que despedir a una trabajadora sea prácticamente gratuito. Si hace unos años un estudio revelaba que para una empresa de 50 trabajadores un despido suponía un coste cero (incluyendo salarios de tramitación e indemnización) gracias a las subvenciones y a las bonificaciones sociales, ahora se deben de estar frotando las manos, o mejor dicho: los bolsillos. Por si ello fuera poco, avanzamos hacia la desaparición de las pensiones, y quienes nos han llevado a esta crisis salvaje quieren privatizar los fondos de la Seguridad Social.
La CNT tiene muy claro cómo atajar esta situación:
· Reducción de la jornada laboral, que estimularía tanto la contratación como la producción.
· Supresión absoluta de las horas extra, que causan un profundo perjuicio a la economía tanto individual como colectiva.
· Recursos del Estado destinados a las trabajadoras y trabajadores, y no a las empresas.
· Eliminación de las subvenciones que reciben banca y cajas de ahorro, permitiendo que la burbuja inmobiliaria caiga definitivamente, reduciendo el ahogo que padecen las personas que se encuentran hipotecadas, pero sobre todo abaratando el mercado inmobiliario y reduciendo los precios de alquiler o compra a valores adecuados a la realidad social existente.
· Retirada inmediata de las tropas que el estado español destina a operaciones internacionales, que acentúan aun más los problemas sociales y de miseria, y suponen unos costes inadmisibles.
La CNT es una organización de trabajadores y trabajadoras, simple y llanamente. No admite subvenciones y conserva un espíritu de transformación social intacto desde su fundación. Te invitamos a participar en este proyecto, que día a día demuestra que la única posibilidad efectiva es la solidaridad, el apoyo mutuo y la acción directa de la clase obrera.
¿Te vas a quedar cruzada de brazos?
Ven y pelea por tu presente.
http://www.cnt.es/
Última actualización el Sábado, 20 de Febrero de 2010 20:02
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Haití: La maldición blanca
Domingo, 24 de Enero de 2010 17:44
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Recuperamos este texto de Eduardo Galeano de hace ya seis años por lo tristemente vigente de su contenido. Para que luego se hable de desastres naturales...
Eduardo Galeano
El primer día de este año [2004], la libertad cumplió dos siglos de vida en el mundo. Nadie se enteró, o casi nadie. Pocos días después, el país del cumpleaños, Haití, pasó a ocupar algún espacio en los medios de comunicación; pero no por el aniversario de la libertad universal, sino porque se desató allí un baño de sangre que acabó volteando al presidente Aristide.
Haití fue el primer país donde se abolió la esclavitud. Sin embargo, las enciclopedias más difundidas y casi todos los textos de educación atribuyen a Inglaterra ese histórico honor. Es verdad que un buen día cambió de opinión el imperio que había sido campeón mundial del tráfico negrero; pero la abolición británica ocurrió en 1807, tres años después de la revolución haitiana, y resultó tan poco convincente que en 1832 Inglaterra tuvo que volver a prohibir la esclavitud.
Nada tiene de nuevo el ninguneo de Haití. Desde hace dos siglos, sufre desprecio y castigo. Thomas Jefferson, prócer de la libertad y propietario de esclavos, advertía que de Haití provenía el mal ejemplo; y decía que había que “confinar la peste en esa isla”. Su país lo escuchó. Los Estados Unidos demoraron sesenta años en otorgar reconocimiento diplomático a la más libre de las naciones. Mientras tanto, en Brasil, se llamaba haitianismo al desorden y a la violencia. Los dueños de los brazos negros se salvaron del haitianismo hasta 1888. Ese año, el Brasil abolió la esclavitud. Fue el último país en el mundo.
Haití ha vuelto a ser un país invisible, hasta la próxima carnicería. Mientras estuvo en las pantallas y en las páginas, a principios de este año, los medios trasmitieron confusión y violencia y confirmaron que los haitianos han nacido para hacer bien el mal y para hacer mal el bien. Desde la revolución para acá, Haití sólo ha sido capaz de ofrecer tragedias.
Era una colonia próspera y feliz y ahora es la nación más pobre del hemisferio occidental. Las revoluciones, concluyeron algunos especialistas, conducen al abismo. Y algunos dijeron, y otros sugirieron, que la tendencia haitiana al fratricidio proviene de la salvaje herencia que viene del África. El mandato de los ancestros. La maldición negra, que empuja al crimen y al caos. De la maldición blanca, no se habló.
La Revolución Francesa había eliminado la esclavitud, pero Napoleón la había resucitado:
–¿Cuál ha sido el régimen más próspero para las colonias?
–El anterior.
–Pues, que se restablezca.
Y, para reimplantar la esclavitud en Haití, envió más de cincuenta naves llenas de soldados. Los negros alzados vencieron a Francia y conquistaron la independencia nacional y la liberación de los esclavos. En 1804, heredaron una tierra arrasada por las devastadoras plantaciones de caña de azúcar y un país quemado por la guerra feroz. Y heredaron “la deuda francesa”. Francia cobró cara la humillación infligida a Napoleón Bonaparte. A poco de nacer, Haití tuvo que comprometerse a pagar una indemnización gigantesca, por el daño que había hecho liberándose. Esa expiación del pecado de la libertad le costó 150 millones de francos oro. El nuevo país nació estrangulado por esa soga atada al pescuezo: una fortuna que actualmente equivaldría a 21,700 millones de dólares o a 44 presupuestos totales del Haití de nuestros días. Mucho más de un siglo llevó el pago de la deuda, que los intereses de usura iban multiplicando. En 1938 se cumplió, por fin, la redención final. Para entonces, ya Haití pertenecía a los bancos de los Estados Unidos.
A cambio de ese dineral, Francia reconoció oficialmente a la nueva nación. Ningún otro país la reconoció. Haití había nacido condenada a la soledad. Tampoco Simón Bolívar la reconoció, aunque le debía todo. Barcos, armas y soldados le había dado Haití en 1816, cuando Bolívar llegó a la isla, derrotado, y pidió amparo y ayuda. Todo le dio Haití, con la sola condición de que liberara a los esclavos, una idea que hasta entonces no se le había ocurrido. Después, el prócer triunfó en su guerra de independencia y expresó su gratitud enviando a Port-au-Prince una espada de regalo. De reconocimiento, ni hablar.
En realidad, las colonias españolas que habían pasado a ser países independientes seguían teniendo esclavos, aunque algunas tuvieran, además, leyes que lo prohibían. Bolívar dictó la suya en 1821, pero la realidad no se dio por enterada. Treinta años después, en 1851, Colombia abolió la esclavitud; y Venezuela en 1854.
 En 1915, los marines desembarcaron en Haití. Se quedaron diecinueve años. Lo primero que hicieron fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. El ejército de ocupación retuvo el salario del presidente haitiano hasta que se resignó a firmar la liquidación del Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal del Citibank de Nueva York. El presidente y todos los demás negros tenían la entrada prohibida en los hoteles, restoranes y clubes exclusivos del poder extranjero. Los ocupantes no se atrevieron a restablecer la esclavitud, pero impusieron el trabajo forzado para las obras públicas. Y mataron mucho. No fue fácil apagar los fuegos de la resistencia. El jefe guerrillero, Charlemagne Péralte, clavado en cruz contra una puerta, fue exhibido, para escarmiento, en la plaza pública.
La misión civilizadora concluyó en 1934. Los ocupantes se retiraron dejando en su lugar una Guardia Nacional, fabricada por ellos, para exterminar cualquier posible asomo de democracia. Lo mismo hicieron en Nicaragua y en la República Dominicana. Algún tiempo después, Duvalier fue el equivalente haitiano de Somoza y de Trujillo.
Y así, de dictadura en dictadura, de promesa en traición, se fueron sumando las desventuras y los años. Aristide, el cura rebelde, llegó a la presidencia en 1991. Duró pocos meses. El gobierno de los Estados Unidos ayudó a derribarlo, se lo llevó, lo sometió a tratamiento y una vez reciclado lo devolvió, en brazos de los marines, a la presidencia. Y otra vez ayudó a derribarlo, en este año 2004, y otra vez hubo matanza. Y otra vez volvieron los marines, que siempre regresan, como la gripe.
Pero los expertos internacionales son mucho más devastadores que las tropas invasoras. País sumiso a las órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario, Haití había obedecido sus instrucciones sin chistar. Le pagaron negándole el pan y la sal. Le congelaron los créditos, a pesar de que había desmantelado el Estado y había liquidado todos los aranceles y subsidios que protegían la producción nacional. Los campesinos cultivadores de arroz, que eran la mayoría, se convirtieron en mendigos o balseros. Muchos han ido y siguen yendo a parar a las profundidades del mar Caribe, pero esos náufragos no son cubanos y raras veces aparecen en los diarios.
Ahora Haití importa todo su arroz desde los Estados Unidos, donde los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, se han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que protegen la producción nacional.
En la frontera donde termina la República Dominicana y empieza Haití, hay un gran cartel que advierte: El mal paso.
Al otro lado, está el infierno negro. Sangre y hambre, miseria, pestes. En ese infierno tan temido, todos son escultores. Los haitianos tienen la costumbre de recoger latas y fierros viejos y con antigua maestría, recortando y martillando, sus manos crean maravillas que se ofrecen en los mercados populares.
Haití es un país arrojado al basural, por eterno castigo de su dignidad.
Allí yace, como si fuera chatarra. Espera las manos de su gente.
Última actualización el Viernes, 19 de Febrero de 2010 22:04
Entrevista a Miquel Amorós
Lunes, 18 de Enero de 2010 16:48
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La ideología del decrecimiento llega tras el fracaso de la ideología precedente, la ’alterglobalización'.
 Aparecida en el dossier de El Viejo Topo sobre decrecimiento
El Viejo Topo
—¿A qué atribuye usted el “boom” del discurso sobre el decrecimiento?
—Decir “boom” es excesivo. En parte obedece a un rasgo típico de la sociedad de masas como es la moda. Pero profundizando más diríamos que la ideología del decrecimiento llega tras el fracaso de la ideología precedente, la “alterglobalización” y a la falacia evidente de su fundamento económico, el “desarrollo sostenible”. El deterioro del planeta y la descomposición de la clase media ha sido tan contundente que los seudomovimientos apoyados en ella no pueden conformarse con una simple reconversión ecologista de la producción capitalista y reclaman la protección de la economía marginal gracias a la cual sobrevive el sector de la población excluido del mercado.
—¿En qué medida la alterglobalización era un seudomovimiento de las clases medias? ¿Puede precisar este aspecto socioestructural también respecto al decrecimiento?
—Yo precisaría de las clases medias en descomposición. La alterglobalización fue la primera respuesta de algunos sectores perdedores ante la mundialización de la economía: la burocracia sindical y política, los intelectuales orgánicos, los estudiantes, los funcionarios, los profesionales, los cuadros medios, los pueblerinos ilustrados de las plataformas, etc. Una especie de lumpenburguesía, partidaria del retorno a las condiciones capitalistas de la postguerra mediante el refuerzo del Estado. Digo seudomovimiento porque jamás los alterglobalizadores quisieron moverse, a no ser contra las minorías que practicaban la violencia contra los edificios institucionales y las sedes empresariales o financieras. Como buenos ciudadanos que van a votar y respetan el statu quo solamente pretendían dialogar para convencer a los dirigentes políticos e industriales “del Norte” de las bondades de sus propuestas, muchas de las cuales podíamos leer en Le Monde Diplomatique. En los últimos diez años, los avances de la globalización han sido tan feroces, sus efectos sobre el territorio tan tremendos y el desclasamiento tan acentuado, que los restos de esos seudomovimientos se han visto obligados a asirse a ideologías más elaboradas como la del decrecimiento, pero las tácticas y las intenciones son las mismas. No por casualidad Le Monde Diplomatique se ha pasado a esa moda.
—¿Cree que a la diagnosis del cambio necesario que postula el decrecimiento le falta la radicalidad política que implica una conflictividad social y de clase?
—Ahora que hay decrecimiento, o recesión (en terminología capitalista), si nos atenemos a lo que dice el ideólogo más conspicuo en estas tierras, el profesor Martínez Alier, en realidad se trataría solamente de integrar el coste de la degradación ambiental en el precio final de las mercancías; ese sería el principal cambio, un régimen económico que él mismo bautiza como “keynesianismo verde”. Para esto no se necesitan radicalismos, ni mucho menos conflictos, sino buenas relaciones institucionales y sobre todo, un poderoso aparato estatal que aplique un “new deal” ecológista. Los decrecentistas son enemigos de la radicalización de las luchas antidesarrollistas y en defensa del territorio, cuando no ajenos a ellas, puesto que quieren ser recibidos en los despachos del poder. Sus “buenas” intenciones son esas.
—¿No piensa que desde el discurso decrecentista podría nutrirse una praxis capaz de enfrentarse seriamente al sistema productivo actual? ¿De dónde pueden surgir estímulos para esta necesaria radicalización de los debates y “luchas antidesarrollistas”?
—Yo señalaría las luchas en defensa del territorio como las que mayores posibilidades tienen de plantear la cuestión social en los términos más verídicos y actuales, es decir, como cuestión que engloba todos los aspectos de la vida, siendo el entorno lo central. Pero los conflictos territoriales provocados por el desarrollismo (por el crecimiento) han de dejar toda la basura de “la nueva cultura del territorio” y del “no en mi patio trasero” y aceptar de una vez por todas el hecho de que es imposible una fórmula que compatibilice la integridad territorial, la vida sin apremios mercantilistas y el capitalismo más o menos regulado por el Estado. Nada puede preservar el territorio y garantizar una vida libre si éste no escapa a la economía, si no sale del mercado. Si sus habitantes no acaban con el sistema capitalista. Toda la lucha antidesarrollista, la auténtica lucha de clases moderna, ha de afrontarse desde esa perspectiva.
Miguel Amorós es historiador y un analista social no académico. Entre otros libros, es autor de Durruti en el laberinto (Virus editorial)
Sacado de Nodo50.
Última actualización el Domingo, 07 de Febrero de 2010 18:39
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Un inquietante anuncio con fondo negro muestra únicamente la dirección web estosololoarreglamosentretodos.org, pero, ¿quién hay detrás de esto?
